Las protegidas de Ebrard y Regino
Humberto Musacchio
La historia que aquí se cuenta tiene como escenario el condominio
Copilco Residencial 300, el mismo donde habitó hasta hace un par de años
Andrés Manuel López Obrador y en el que viven o han vivido personajes de tanta relevancia como la astrónoma
Julieta Fierro,
Laura Itzel Castillo, el periodista
Julio Hernández o el doctor
Raúl Henríquez, Premio Nacional de Química.
El conjunto habitacional consta de 17 edificios y 408 departamentos y por cerca de 20 años tuvo una administración con la cual los condóminos decidieron terminar la relación de servicios, pues existían problemas graves, como la inseguridad. Los robos se empezaron a hacer frecuentes y el comité de vigilancia descubrió que entraban sin registrarse algunas personas ajenas al conjunto, como un alto funcionario del gobierno capitalino, quien pasaba a bordo de su vehículo seguido, por supuesto, de otro coche repleto de guardaespaldas.
El comité de vigilancia llamó al jefe de los guardias de la entrada y le preguntó por qué dejaban pasar al ostentoso visitante sin exigirle la indispensable identificación. La respuesta del policía fue elocuente: ¿Pos cómo van a creer que le voy a pedir identificación a mi jefe? "¿A su jefe?", le reviró sorprendido un miembro del comité. Sí -agregó el jenízaro-. ¿No ve que es el señor
Marcelo Ebrard?
En efecto, el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal era un asiduo visitante del condominio, donde pasaba a recoger a la joven
Irma Pérez Bernal, hija de
Irma Concepción Bernal Cortés, habitante del departamento 303 del edificio 9, quien se ostentaba como asesora del mismo Marcelo Ebrard.
El asunto no tendría mayor importancia, pero como los guardias insistieran en su actitud, fueron despedidos y ahí empezó contra los condóminos una historia de prepotencia, abusos de autoridad y uso de recursos públicos que continúa hasta la fecha.
A la primera oportunidad, las señoras Bernal estallaron en insultos y amenazas contra el comité de vigilancia, al que denunciaron ante el Ministerio Público de la delegación Coyoacán. En esa ocasión (octubre de 2002), el citado comité respondió presentando una denuncia ante la misma agencia del MP por agresiones y amenazas por parte de las señoras Bernal. Curiosamente, hasta esa agencia del MP llegó un señor a ponerse a las órdenes de las Bernal. Aquel individuo, moreno, de pelo corto, se identificó como
Gabriel Regino, y fue tan eficaz, que poco después la demanda fue desechada, aunque en abono de las autoridades hay que decir que lo mismo se hizo con la denuncia de las señoras Bernal.
En julio de 2002, aprovechando un programa del gobierno capitalino que financiaba obras de mejoramiento de los condominios, los habitantes de Copilco 300 decidieron construir una caseta para el personal de vigilancia, instalar puertas eléctricas y un interfón. Terminadas las obras, empezó una campaña difamatoria contra el comité de vigilancia. Se repartieron varios libelos con la firma de Estela María Guadalupe Álvarez Márquez -instigada según los vecinos por las Bernal-, ante lo cual el comité de vigilancia acudió nuevamente a la agencia del Ministerio Público de Coyoacán a presentar denuncia por difamación. La agencia del MP turnó dicha denuncia a las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Citada la señora Álvarez Márquez, acudió a la PGJDF, pero no llegó sola. La acompañaba un tipo que se identificó como Rubén Martínez Carrillo, quien se dijo abogado de la acusada y dio como sus teléfonos el 55-69-60-50 y el 52-42-51-11, los que extrañamente eran de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Martínez Carrillo es el mismo funcionario que suele acompañar ante el MP a policías acusados de algún delito.
Poco después, el MP determinó el no ejercicio de la acción penal, pero no se lo comunicó a los denunciantes. Enterados éstos, enviaron una carta a Andrés Manuel López Obrador exponiendo las irregularidades en que incurrían los citados servidores públicos, carta que no obtuvo respuesta. Otra carta se envió a
Bernardo Bátiz con el mismo resultado y una más a Ebrard, quien extrañamente remitió a los quejosos a la Policía Auxiliar, donde, como era obvio, les dijeron que ahí no trabajaba el señor Martínez Carrillo, lo que ya sabían. Enviaron una nueva carta a Ebrard pidiéndole que explicara por qué personal a su cargo intervenía en un litigio entre particulares y la respuesta oficial fue que se trataba de información confidencial.
Los miembros del comité de vigilancia optaron entonces por denunciar a Martínez Carrillo ante la PGJDF, que se limitó a aconsejarles que acudieran ante la Contraloría de la propia SSP, donde la respuesta que recibieron verbalmente fue que si Diego Fernández de Cevallos litigaba, por qué no había de hacerlo un funcionario del gobierno capitalino. Hasta ahora, la queja no ha tenido más respuesta.
En diciembre de 2003, Estela María Guadalupe Álvarez Márquez presentó denuncia penal (FDF/1T1/1289/03-11) contra dos miembros del comité de vigilancia por malversación de fondos en las obras antes mencionadas. Casi simultáneamente, presentó una queja ante la Procuraduría Social pues en la obra hubo dinero público aportado por el gobierno capitalino.
El comité de vigilancia acudió ante
Patricia Ruiz Anchondo, en ese tiempo procuradora social, quien respondió que la contraloría de su dependencia no había encontrado irregularidades, pero se negó a proporcionar esta información por escrito, lo que marcó el principio de una campaña de hostilidad contra los condóminos.
Mientras todo eso ocurría, las señoras Bernal y personas cercanas se dedicaron a insultar, amenazar e intimidar a los vecinos dentro y fuera del condominio, a la vista de todo el mundo, haciendo ostentación de su influencia y su amistad con el señor Ebrard y otros funcionarios del gobierno de la ciudad.
Pese a las amenazas, los condóminos continuaron con sus tareas y fueron a las oficinas de la Procuraduría Social en la colonia Roma para que esta institución avalara las convocatorias a asamblea general. Como ahí se les cerraran las puertas, acudieron a la delegación de la misma Procuraduría en Álvaro Obregón, donde hallaron una actitud constructiva y la asamblea pudo celebrarse el 9 de julio de 2004 con la asistencia del subprocurador de Concertación Social y otros funcionarios.
Como respuesta, las señoras Bernal enviaron a un sujeto de guaruresca catadura, de nombre Pedro Jardón Delgado, quien por no ser condómino fue impugnado por los vecinos, pero se negó a identificarse ante la asamblea y a salir del local, donde se dedicó a interrumpir constantemente la reunión hasta que llegaron las señoras Bernal, quienes insultaron en todos los tonos a los representantes de la Procuraduría Social, a los que desde luego amenazaron con cesarlos. Durante la asamblea, afuera del condominio se mantuvo la patrulla No. 14927, del policía Eric Contreras Galindo, que permaneció en el lugar aproximadamente de las 19:35 del 9 de julio hasta las dos de la mañana del día siguiente. Igualmente estuvo un auto Impala, placas 485 PTN, el que abordaron dichas mujeres al retirarse de la asamblea.
Medio año después, pese a que sólo disponen de tres semanas para resolver en uno u otro sentido, en las oficinas Centrales de la Procuraduría Social se niegan a ratificar a la nueva administración, impugnada por las señoras Bernal y la señora Estela María Guadalupe Álvarez Márquez. Las varias demandas siguen su curso en medio de vergonzosas irregularidades y mientras tanto, las protegidas de Marcelo Ebrard y Gabriel Regino disponen incluso de guardias armados que se transportan en los autos Sentra placas 510 PXE y 809 JAG o en un Impala, Chevrolet, placas 137 PVN.
Los vecinos de Copilco 300 ya saben lo que significa ser víctimas del retorcimiento de la ley, del abuso de las autoridades, de la prepotencia de sus amiguitas y del uso indebido de los recursos públicos. ¿Lo sabrá también López Obrador?